Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos reconocidos Víctimas del Terrorismo por la Audiencia Nacional (2003)

Diario de Noticias

30/11/2003

El 10 de mayo de 1976, un día después de los sucesos de Montejurra, se inició el proceso para que fueran reconocidos los asesinados (Ricardo García y Aniano Jiménez, que falleció el 13 de mayo) y heridos en la falda y la cima de la montaña cercana a la ciudad del Ega. La niebla que ocultaba todos los hechos aquel día comienza a despejarse con el reconocimiento de la Audiencia Nacional de que son víctimas del terrorismo. Un reconocimiento que llega con un retraso de 27 años.

La Audiencia Nacional española reconoce a los asesinados en Montejurra ’76 como víctimas del terrorismo (2004)

Rebelión

10/06/2004

Agencias

La Audiencia Nacional ha reconocido a Aniano Jiménez Santos y a Ricardo García Pellejero como víctimas del terrorismo, según informó ayer el Partido Carlista, en contra de lo que durante dos años ha estado manteniendo el Ministerio del Interior, con lo que obliga al departamento dirigido por Ángel Acebes a indemnizar con 23 millones de las antiguas pesetas (tal y como dictaba la Ley 32/99 del 8 de octubre) a los familiares de cada una de las dos personas asesinadas en los sucesos del 9 de mayo de 1976 en Montejurra.

Pese a que Interior lo ocultó, ambos estaban hace años en un listado de víctimas del terrorismo

El Gobierno español deberá pagar 23 millones de las antiguas pesetas a cada familia.

La Audiencia Nacional condena al Estado a indemnizar a las familias de los dos carlistas que murieron tiroteados por los “ultras” (2003)

El Mundo

27/11/2003

Manuel Martorell

La Audiencia Nacional, en una sentencia dictada el pasado día 5, pero difundida este fin de semana, aclara el carácter de uno de los acontecimientos que más impactaron a la sociedad española durante la Transición democrática: los sucesos de Montejurra, en los que encontraron la muerte los militantes carlistas Ricardo Garcia Pellejero y Aniano Jiménez Santos.

Durante estos 27 años, la tesis oficial sobre lo ocurrido en el monte sagrado del carlismo se refería a un enfrentamiento armado entre dos facciones de un mismo movimiento político que había provocado, además de esas dos muertes, una decena de heridos de bala. Por esta razón, no se podían calificar los hechos como un acto terrorista y, por lo tanto, tampoco los familiares podían disfrutar de las ayudas concedidas a las victimas del terrorismo, de acuerdo con la ley aprobada con este motivo en octubre de 1999.

Montejurra 1976 (2003)

Diario de Navarra

07/12/2003

Los hechos luctuosos de Montejurra-76 han vuelto estos días a la memoria con el fallo emitido por la Audiencia Nacional, reconociendo, pese al tiempo transcurrido, que las dos muertes registradas el 9 de mayo de aquel año obedecieron a un acto terrorista cometido por partidarios de Sixto de Borbón, de ultraderecha, contra los simpatizantes de Carlos Hugo, dos facciones carlistas enfrentadas.

La Cámara foral aprueba una declaración de homenaje a los asesinados de Montejurra ’76 (2003)

Diario de Navarra

02/12/2003

La junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó ayer por unanimidad una declaración política en recuerdo y homenaje de Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero, los dos asesinados de Montejurra en el año 1976. Ambos murieron víctimas de los disparos recibidos en el encuentro carlista de aquel año. La declaración, presentada por el Partido Socialista, se congratula por la reciente sentencia de la Audiencia Nacional en la que se reconoce a ambos como “víctimas del terrorismo, asesinados por una banda de ultraderechistas en Montejurra en 1976”. El Parlamento, además, “rinde un sentido homenaje político a estas dos personas asesinadas por la ultraderecha, entiende sus muertes como un momento trágico de la transición española a la democracia, felizmente superado, y condena los hechos de Montejurra”. Por último, la declaración aprobada por la Cámara foral traslada a las familias de Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero “su solidaridad y su recuerdo”

Comentarios a una sentencia reparadora (2003)

José Ángel Pérez-Nievas Abascal

Artículo publicado originalmente en la revista El Federal, nº 18, diciembre de 2003, p. 3, y reproducido en el libro Montejurra 1976-2006, Ediciones Arcos, Madrid, 2006.

El cinco de Noviembre de dos mil tres la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Audiencia Nacional, proclama, oficialmente que Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos, asesinados en Montejurra el 9 de Mayo de 1976, va a hacer veintiocho años, que fueron víctimas del terrorismo al declarar “NO CONFORME CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO”, la resolución del Ministerio del Interior negándolo. Es decir, lo que todo el pueblo sabía desde entonces, pese a que lo negaran los  autores, cómplices y encubridores, ahora se consagra de manera oficial y se repara una enorme injusticia.

Sentencia de la Audiencia Nacional (05/11/2003) por la que Ricardo y Aniano son reconocidos oficialmente como Víctimas del Terrorismo

En esta sentencia de la Audiencia Nacional de cinco de noviembre de dos mil tres, se reconoce a Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero, asesinados en Montejurra en mayo de 1976, la condición oficial de Víctimas del Terrorismo, debiendo indemnizar la Administración del Estado a cada una de sus familias con 23 millones de pesetas.

Ilmas. Sras/Sres:

Presidente: D. Eduardo Calvo Rojas

Magistrados: D. Fernando F. Benito Moreno, Dª Pilar Teso Gamella, D. Manuel Fernández-Lomana García, Dª Nieves Guisan García.

Madrid, a cinco de noviembre de dos mil tres.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Primera) de esta Audiencia Nacional el presente recurso contencioso administrativo número 15136/2001 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. Elisa Sáez Angulo, en nombre y representación de Dña. Magdalena Pellejero Martínez y Natividad Santos Saez, contra la Resolución del Subsecretario del Ministerio del Interior, por delegación del Ministro, de 17 de julio de 2001, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 1 de marzo de 2001, que denegó la solicitud de indemnización a víctimas de terrorismo. Ha sido parte demandada la Administración del Estado, representada y defendida por la Abogacía del Estado.